Caso Ryanair: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Todo lo que rodea a Ryanair durante los meses de agosto y septiembre ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la aviación comercial española. El anuncio del cierre de las bases de Gran Canaria, Gerona, Tenerife Sur y Lanzarote ha puesto en el disparadero a más de 520 empleados de la compañía irlandesa en nuestro país que, representados por los colectivos SEPLA, STICPLA y USO, han alzado la voz y pedido al ministerio de Fomento una intervención que ponga fin al conflicto y busque una salida para su futuro inmediato.  

El conflicto abierto estalló tras la dilación de la compañía a la hora de abrir el periodo de consultas preceptivo, obligatorio para iniciar un trámite de despido colectivo. Al revés: la compañía informó de la futura rescisión del contrato a través de una carta enviada uno a uno a los afectados por el cierre, en total, unos 150 pilotos y más de 350 tripulantes de cabina. Una actitud de negación del diálogo que ha mantenido a lo largo del conflicto y que lo ha dejado en el actual punto de no retorno. A pesar de que pocos meses atrás hubiera dado comienzo la mesa de negociación del convenio. ¿En qué momento se produjo la inflexión? 

Ryanair en España, una estrategia cambiante 

Tal y como recoge el diario especializado en mercados y economía El Economista, la hoja de ruta de Ryanair en España ha estado sujeta a cambios, en función de los intereses de la aerolínea, a lo largo y ancho de la geografía española. Sumado al boom de sus ingresos y popularidad –es hasta el momento, la aerolínea más recurrida en nuestro país–, la compañía hoy presidida por Michael O’Leary ha recibido desde sus comienzos en España cerca de 240 millones de euros en concepto de ayudas, subvenciones y colaboraciones públicas, casi siempre “justificadas” por los ingresos que para las regiones españolas supone la masiva llegada de turistas. La fórmula ha sido sencilla y repetida a lo largo de los años: Ryanair desembarcaba en un aeropuerto secundario y hasta entonces deficitario, traía turistas e ingresos a la economía de la zona, expulsaba a la competencia y, sólo entonces, exigía un aumento de las subvenciones públicas. En pocas ocasiones se topó la irlandesa con la negativa del gobierno autonómico de turno. 

Este apoyo institucional no le ha impedido, en cualquier caso, anunciar el cierre de bases exponiendo motivos de temporalidad, aunque el propio diario señalaba que se debía también a desavenencias en las cuantías económicas percibidas por parte de las instituciones con las que colaboraba.  

El auge comercial de Ryanair ha estado sujeto a críticas y suspicacias por distintos colectivos, especialmente por sus empleados, que recurrentemente han señalado cómo la aerolínea ha infringido los derechos laborales de sus colectivos. Pilotos y tripulación de cabina han expuesto su malestar en numerosas ocasiones por distintas irregularidades en materia de conciliación, prestaciones, subsidios o incluso, descansos y enfermedades.  

SEPLA y Ryanair, vuelos ya conocidos 

Desde que Ryanair se comprometió, en septiembre de 2017, a reconocer a los sindicatos como interlocutores y representantes legítimos de sus trabajadores, SEPLA vino pidiendo a la aerolínea que hiciera efectivo dicho reconocimiento mediante un acuerdo que reflejara los derechos de los representantes, así como las obligaciones de la compañía. Comenzó entonces la batalla por la regularización de los contratos de los pilotos de Ryanair, hasta entonces falsos autónomos ajenos a las obligaciones fiscales y tributarias de la Hacienda española.  

Con este fin, el pasado mes de agosto de 2018, SEPLA demandaba a Ryanair ante la Audiencia Nacional por irregularidad en los contratos de los pilotos. Dos meses más tarde, Ryanair se comprometía a aplicar la legislación laboral española a todos los pilotos empleados directamente antes del 31 de enero del presente 2019. En sólo un año, los pilotos contratados directamente por Ryanair pasaron de un 20 por ciento a un 90. Se iniciaba, además, la constitución de una mesa negociadora para el I Convenio Colectivo de pilotos de Ryanair en España y un acuerdo de reconocimiento mutuo.  

Vuelta al pasado 

Lo que en un primer momento parecía el comienzo de un entendimiento laboral, legal y operativo, cambiaba drásticamente de nuevo en agosto de este año, cuando la compañía anunciaba de golpe el cierre de las bases de Gran Canaria, Gerona, Tenerife Sur y Lanzarote, generando un despido colectivo de más de 120 pilotos. Estos cierres, unidos a la futura puesta en marcha de un despido colectivo (anteriormente conocido como ERE), desembocaron en una huelga de sus tripulantes, a la que se unieron los pilotos de SEPLA por primera vez en sus dos años de vida. Ambos sindicatos acusaron a la compañía de carecer de argumentos jurídicos y legales para justificar dichos despidos. 

A partir de entonces, todos los avances para un entendimiento mutuo se han venido atrás a medida que Ryanair iba haciendo evidentes sus intenciones de desmantelar la empresa y volver a abaratar los costes de sus empleados. La fórmula pasa por la externalización de su producción a través de empresas filiales como Laudamotion y Buzz Air, que han comenzado a operar recientemente en algunas de las bases que Ryanair cierra ahora. Curiosamente, días después de anunciar el cierre de las bases y el futuro despido colectivo, Ryanair enviaba a los mismos pilotos convocatorias de empleo para estas filiales. Eso sí, con un salario sensiblemente inferior. Y, de nuevo, como falsos autónomos. 

Mientras tanto, los efectos de la huelga han sido invisibles al público debido al mantenimiento de todos los vuelos de Ryanair los días de la huelga. La compañía decretó que todos sus vuelos iban a ser servicios mínimos (es decir, operados) incumpliendo la orden del Ministerio de Fomento, que hasta la fecha no ha llamado al orden a la compañía a pesar de la flagrante violación del derecho a huelga.  

Así las cosas, la solución del conflicto parece lejana. Desde el principio, SEPLA ha exigido al Ministerio de Fomento en funciones una actuación inmediata que resuelva no sólo el conflicto, sino el futuro de los pilotos. La “low cost de la low cost”, como la denominó un delegado sindical de Ryanair en rueda de prensa, sigue fraguándose mientras no se tome la decisión de hacer acatar a la irlandesa la legislación española.