Comienza la reforma de las principales leyes de aviación en España

9 de febrero de 2021.

El Consejo de Ministros anunció la semana pasada la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Esta actualización, según el Gobierno, permitirá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) “actualizar las principales leyes del sector aéreo, flexibilizar procedimientos y reforzar la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Tras esta primera lectura por el Consejo de Ministros, se iniciará la tramitación propiamente del Anteproyecto de Ley que constará de audiencia e información pública, informes preceptivos, etc., y que permitirán perfilar el texto final legal que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

Las medidas que recoge la propuesta conducen, en esencia, a un uso más eficiente de los recursos públicos, racionalizando la organización de los diversos instrumentos de organización y participación existentes; fexibilizando la intervención estatal en el ámbito de la planificación de la ordenación territorial y urbanística; y simplificando procedimientos, que redunden en una mayor eficacia de la actividad administrativa.

Así, en resumen, el Consejo de Ministros propuso:

• Racionalizar las comisiones y grupos de trabajo de carácter ambiental en los aeropuertos de interés general, para optimizar su trabajo y dotar de mayor eficiencia a la participación de las administraciones territoriales en este ámbito, al tiempo que se favorece el uso eficiente de los recursos públicos, coadyuvando a una mejora de la sostenibilidad ambiental.
• Reforzar la coherencia de los planes directores de los aeropuertos de interés general y de navegación aérea, con las servidumbres aeronáuticas para la protección de estas infraestructuras e instalaciones, al tiempo que se flexibilizan los procedimientos establecidos para la coordinación con comunidades autónomas y corporaciones locales.
• Optimizar los procedimientos de inspección aeronáutica en relación con la obtención de las licencias, certificados u otras habilitaciones para el ejercicio de profesiones y actividades aeronáuticas.

Todo ello, sin olvidar otros elementos relevantes como:

• Racionalizar la gradación de las infracciones por servidumbres aeronáuticas, dotándolas de proporcionalidad atendiendo al riesgo provocado por la conducta en la seguridad o la continuidad de las operaciones.
• Tipificar las infracciones en materia de notificación de sucesos y protección de las fuentes de información, para reforzar la aplicación de la cultura justa y dando cumplimiento a la normativa europea en la materia.
• Actualizar el régimen aplicable a la realización de los servicios de transporte aéreo, eliminando disposiciones obsoletas.

La Dirección General de Aviación Civil se ha comprometido ya con los agentes del sector, entre los cuales se incluye Sepla, a contar con su opinión y recabar los diferentes informes técnicos que emitan, a efectos de valorar su incorporación en el borrador de ley para de esta manera recabar los puntos de vista de los profesionales involucrados en la operación aérea.